Procesos abreviados: la llave de los corruptos para evitar prisión
René Figueroa, exministro durante la presidencia de Elías Antonio Saca, es el último beneficiado con una medida que es legal, pero que parece no tener «proporcionalidad».
Por David Bernal
27 de Noviembre de 2021 – 00:00 HS
En libertad. René Figueroa y su esposa, quienes estaban siendo acusados de lavado de dinero, no pasarán por prisión.
Una pena mínima de prisión (tres años) que será canjeada por trabajos de utilidad pública y la devolución de $1.5 millones. Esa es la pena que recibió ayer René Figueroa, exministro de Justicia y Seguridad Pública en la presidencia de Elías Antonio Saca, después de confesar que cometió el delito de lavado de dinero, lo que le permitió ser beneficiado con un proceso abreviado y un acuerdo con la Fiscalía General de la República para evitar ir a prisión.
Figueroa confesó durante el proceso judicial en su contra que colaboró con Saca, quien durante su administración despojó a la hacienda pública de casi $300 millones con la colaboración de varios miembros de su gabinete e incluso de su esposa, Ana Ligia de Saca.
La Fiscalía dijo ayer, tras conocerse la sentencia contra Figueroa, que se hizo justicia. El exministro pagará los $1.5 millones con tres inmuebles y dos cuentas bancarias. Queda pendiente cómo hará el trabajo de utilidad pública.
“Pareciera que existe una falta de diligencia de parte de Fiscalía al momento de recabar las pruebas suficientes o están otorgándoles privilegios a los exfuncionarios”.
Marcela Galeas, Abogada Penalista.
Pero el exministro no ha sido el único que ha confesado actos de corrupción y que ha evitado pasar por prisión. En febrero de este año Gerardo Funes y César Funes padre, quienes estaban incluidos por Fiscalía en un grupo de personas acusadas de lavar cerca de $22 millones de Casa Presidencial también para Saca, acordaron un proceso abreviado y el pago de $1.2 millones para evitar la cárcel.
Antes, en septiembre de 2019, el mismo Elías Antonio Saca aceptó que pagó $10,000 en concepto de soborno a una empleada judicial para que le filtraran información de sus procesos judiciales, evitando así una pena de ocho años de prisión que se podía sumar a la que a tenía anteriormente, que era de diez años.
Su esposa, Ana Ligia de Saca, también intentó negociar con la Fiscalía un procedimiento abreviado, pero no llegó a un acuerdo porque le pedían devolver $17 millones que ella dijo no tener. Fue condenada a diez años de cárcel.
A iguales medidas han recurrido recientemente acusados como el exjuez Romeo Aurora Giammattei, quien aceptó participar en actos ilegales para beneficiar al empresario Enrique Rais, y la expresentadora de televisión Regina Cañas, quien aceptó que ella y el expresidente Mauricio Funes mintieron en declaraciones patrimoniales para encubrir al hijo de ambos, Diego Roberto Funes Cañas, en un proceso judicial ligado también a corrupción en Casa Presidencial.
Aunque la medida no es ilegal, pues es una opción procesal contemplada en la ley salvadoreña, especialistas como la abogada penalista Marcela Galeas cuestionan la «proporcionalidad» con la que se está utilizando, pues hay casos en los que sí se aplica y otros en los que no.
«Pareciera que existe una falta de diligencia de parte de Fiscalía al momento de recabar las pruebas suficientes o están otorgándoles privilegios a los exfuncionarios. Me parece extraño que no se esté investigando como se debe en estos casos y se estén dando tantas prerrogativas, sobre todo a exfuncionarios de la época de Saca», opinó Galeas.
La abogada cuestionó, de forma personal, el modo en el que se está ocupando este procedimiento. «Con algunos se está siendo sumamente fuerte al momento de imponer penas y con otros no. Por ejemplo, han sido drásticos con personas como Ernesto Muyshondt, Violeta Menjívar y Erlinda Handal, que hasta el momento solo han sido acusados y no condenados, pero vemos que aquellos que sí han sido condenados han recibido otro tipo de tratos que no implica una pena preventiva de libertad», agregó.
En el caso de Muyshondt, por ejemplo, actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, por un caso de defraudación de la Hacienda Pública por más de medio millón de dólares. Es decir, una cifra inferior a la que pagó Figueroa para resarcir su delito.
En el caso de Violeta Menjívar y Erlinda Handal, son señaladas por recibir sobresueldos en cantidades totales de $177,000 y $162,000, respectivamente.
«Lo que extraña quizá es la proporcionalidad con la cual se está aplicando el criterio», añadió Galeas.
Casos sonados que han terminado con un procedimiento abreviado
René Figueroa
Condena: Trabajos de utilidad pública y pago de $1.5 millones
El caso: Figueroa confesó haber participado en lavado de dinero junto al expresidente Saca. Fiscalía le adjudicaba $3.7 millones.
Romeo Aurora Giammatei
Condena: Un año y pago a la víctima.
El caso: El ex juez Noveno de Paz de San Salvador confesó que fue parte de una estructura para armar pruebas falsas en contra de una persona.
Regina Cañas
Condena: Trabajo de utilidad pública y pago de $95,000
El caso: confesó que mintió en una declaración patrimonial para favorecer al hijo que tiene en común con Mauricio Funes.
César Funes (padre)
Condena: Trabajo de utilidad pública y pago de $1.2 millones
El caso: Fue acusado de lavar dinero para el expresidente Saca a través de una de sus empresas de publicidad.
Elías Antonio Saca
Condena: Dos años de prisión
El caso: El expresidente aceptó que pagó un soborno a una empleada judicial. Los dos años los pagó sumando la detención provisional.