El Salvador Legis | Opinión Jurídica | 7 de junio de 2025
En los últimos años, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en El Salvador han sido objeto de mayor vigilancia y debate público, en medio de una agenda política que busca reordenar el uso de fondos y reforzar la transparencia en la cooperación internacional.
El discurso oficial ha señalado que muchas ONG han operado con opacidad, manejando fondos millonarios sin mecanismos claros de auditoría o rendición de cuentas. A partir de esta narrativa, el gobierno ha impulsado reformas legales para someterlas a un mayor control estatal, incluyendo propuestas de registro obligatorio, auditorías externas, y requisitos más estrictos para recibir financiamiento del exterior.
Mientras algunas organizaciones han acogido las reformas como una oportunidad para profesionalizar su gestión, otras advierten sobre el riesgo de persecución política o restricciones indebidas a la libertad de asociación.
En medio de este escenario, surgen preguntas clave para el país:
¿Cómo garantizar el equilibrio entre transparencia y autonomía?
¿Cuál es el rol que debe asumir el Estado en el acompañamiento y fiscalización de las ONG?
¿Existe un marco jurídico claro y proporcional que evite abusos de poder, sin debilitar la cooperación internacional?
Desde El Salvador Legis, reafirmamos que toda organización que recibe fondos debe rendir cuentas, pero también que las leyes deben proteger el espacio cívico, no sofocarlo. Una democracia fuerte necesita tanto instituciones estatales sólidas como sociedad civil activa y vigilante.